La Comisión de Protección de los Animales se ocupó de la iniciativa legislativa popular para la modificación de la ley de protección de los animales

En la reunión de la Comisión para la Protección de los Animales se examinó la iniciativa ciudadana de reforma de la ley de protección de los animales (documento n.º 700). El proyecto fue firmado por más de medio millón de ciudadanos. Los problemas que aborda han sido señalados durante años por organizaciones, veterinarios, abogados y voluntarios dedicados al rescate animal. Durante la sesión se debatieron disposiciones concretas y enmiendas.

El proyecto prevé, entre otros aspectos:

Refugios

Por primera vez se introducirán estándares legales para los refugios. Cada refugio tendría que emplear al menos a un cuidador por cada 40 animales y a un técnico veterinario por cada 120 animales, con la posibilidad de contratar a un etólogo. Las personas condenadas por maltrato animal no podrán ejercer como cuidadores, técnicos ni veterinarios en los refugios. Asimismo, se creará un Sistema de Información sobre Refugios que permitirá monitorizar el destino de los animales tras su captura.

Obligaciones de los municipios

Los municipios ya no podrán alegar la finalización del programa o la falta de fondos. Deberán llevar a cabo las tareas y asumir sus costes, incluso si superan los importes previstos. El proyecto prohíbe la captura de animales sin garantizar un lugar en un refugio. Introduce una tarifa diaria mínima para el mantenimiento del animal, la castración obligatoria de los animales capturados en el territorio del municipio, la atención a los gatos ferales y la asistencia veterinaria las 24 horas para los animales heridos en accidentes. El municipio también estará obligado a inspeccionar el refugio al que encomiende los animales.

Penas más severas por maltrato animal

El maltrato y la muerte de un animal se castigarían con penas de 3 meses a 5 años de prisión, y en caso de crueldad extrema, de 6 meses a 8 años. En los procesos por faltas contra los animales, el tribunal podrá dictar la prohibición de tener animales, y las organizaciones tendrán la posibilidad de presentar solicitudes de sanción de forma independiente.

También se presentó una enmienda para cerrar un vacío legal con el que los representantes de las organizaciones de protección animal llevan años topándose en los tribunales.